Hay una pregunta que recorre las redacciones, las mesas políticas y los laboratorios de ciencia política al mismo tiempo, ¿la desinformación es un fenómeno de época o una estrategia de parte? La respuesta importa porque de ella dependen los diagnósticos y, sobre todo, las soluciones. Tratar la desinformación como un problema de infraestructura tecnológica lleva a un lugar muy distinto que tratarla como un problema de incentivos políticos deliberados.

Un estudio reciente de Törnberg y Chueri, publicado en The International Journal of Press/Politics, analizó 32 millones de tuits de parlamentarios en 26 países durante 6 años. La base empírica es la más amplia que existe hasta ahora. La conclusión es más precisa que el debate habitual.

No es el populismo en general el que difunde más desinformación. No es la derecha en abstracto. Es la combinación específica de populismo con ideología de derecha radical. La mentira, en este análisis, tiene ideología.

La distinción es analíticamente importante y casi nunca aparece en la discusión pública, donde populismo funciona como sinónimo de todo lo que incomoda.

El populismo de izquierda ataca a la élite económica y a las instituciones financieras, pero disputa en los medios establecidos sin necesitar destruirlos; los usa como arena de controversia. El populismo de derecha radical, en cambio, necesita desacreditar a los medios como condición de posibilidad de su narrativa. Si la prensa miente, cualquier hecho incómodo puede ser descartado como fabricación del enemigo. La desinformación no es el ruido, es su arquitectura.

El mecanismo funciona en tres pasos que se retroalimentan. Primero, se construyen ecosistemas mediáticos alternativos: plataformas, canales y cuentas que producen contenido sin las restricciones del periodismo convencional. Segundo, se ataca sistemáticamente la credibilidad de los medios establecidos, acusándolos de estar cooptados por élites o por intereses contrarios al pueblo. Tercero, se difunden narrativas que solo resultan verosímiles si se acepta que los medios mienten; el suelo fue preparado para recibirlas.

El estudio documenta que este patrón es consistente en democracias muy distintas: Suecia, Polonia, Australia y Estados Unidos. No es un rasgo local; es una tecnología política exportable.

En Argentina, esa dinámica tiene nombre propio. La acusación sistemática a periodistas de ensobrados o corruptos no es un exabrupto presidencial ni un recurso retórico ocasional.

Es el patrón que la ciencia política comparada documentó en casi treinta países. El punto no es si esa acusación es verdadera o falsa en cada caso concreto, el punto es el uso estratégico y sostenido de la deslegitimación como política de comunicación.

Nuestros datos en Management & Fit permiten leer esa dinámica desde la opinión pública. En marzo de 2025, consultados sobre la cobertura del caso $LIBRA, menos del 15% de los encuestados consideró que los medios informaron de manera totalmente objetiva. Casi el 40% sostuvo que la cobertura no fue objetiva en absoluto, y el 37% que fue solo parcialmente objetiva.

Ese nivel de desconfianza en la prensa no es un dato menor, es el sustrato fértil sobre el que las narrativas de deslegitimación encuentran su mercado. Y lo significativo es que esa desconfianza no está concentrada en un solo segmento político, sino que atraviesa aprobadores y desaprobadores de la gestión.

En abril de 2026, 7 de cada 10 argentinos calificaron como incorrecta la conducta del Presidente al dirigirse a los periodistas. Pero el número agregado dice menos que la fractura que hay debajo. Entre quienes votaron a Milei en 2023, el 74,9% apoya esa conducta. Entre quienes votaron a Massa, el 82,8% la rechaza. La percepción del ataque a los medios no es transversal, está estructurada exactamente por las mismas líneas que el voto. Tampoco hay novedad teórica en eso, es exactamente lo que el estudio predice.

La desinformación no funciona porque convence a todos, sino porque consolida a los propios. Un electorado de alta identidad partidaria resulta más receptivo a narrativas que desacreditan a los medios establecidos, no porque sea menos informado sino porque para ese electorado la fuente ya está descalificada antes de que produzca cualquier contenido.

El piso electoral se construye también así, cada ataque a un periodista es, simultáneamente, un mensaje de pertenencia para la base propia.

Hay un dato que conviene no perder de vista porque agrega complejidad al cuadro. Entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 37,1% considera igualmente incorrecta su conducta con la prensa. Apoyo a la gestión y aceptación del ataque a los medios no son equivalentes; son variables analíticamente separables. Que más de un tercio del bloque de aprobación marque esa incomodidad sugiere que la estrategia de deslegitimación de medios genera adhesión intensa dentro de la base propia, pero no necesariamente la amplía hacia afuera.

Esa separación entre variables es la que abre la pregunta central de cara al 2027. ¿El deterioro de imagen acumulado en la relación con la prensa se traduce en daño electoral? La distinción no es trivial y vale la pena hacerla explícita. Imagen y voto son fenómenos con tiempos y lógicas distintos.

El deterioro de imagen puede ser temprano, visible y consistente en las mediciones mientras el voto permanece estable, sobre todo cuando el horizonte electoral está a más de un año. La evidencia comparada indica que la traducción de uno en otro depende del estado de las instituciones democráticas y de la capacidad opositora para articular esa incomodidad en propuesta concreta.

En Argentina, ambas variables siguen abiertas. Y eso, precisamente, es lo que convierte al estudio de Törnberg y Chueri en algo más que un artículo académico interesante. Es también un mapa para leer lo que viene.