El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva estrategia migratoria para revisar los antecedentes de inmigrantes con residencia permanente legal, conocida como green card. La medida ya comenzó a mostrar sus primeros resultados: al menos 50 personas quedaron bajo procesos de deportación luego de auditorías internas realizadas por una nueva unidad del sistema federal.

La iniciativa funciona dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y forma parte de una división recientemente creada, denominada “Tactical Operations Division”. Según información publicada por The New York Times, el objetivo es volver a analizar expedientes de inmigrantes que ya cuentan con residencia permanente para detectar posibles irregularidades, antecedentes penales o supuestas falsedades en sus solicitudes migratorias.

Los documentos internos revelaron que, hasta el 7 de mayo, unas 2890 personas habían sido revisadas o continuaban bajo evaluación. De ese total, cerca del 80% de los expedientes se cerraron sin consecuencias adicionales. Sin embargo, más de 500 casos permanecían abiertos y al menos 50 titulares de green card fueron identificados como potencialmente deportables.

La nueva estructura del USCIS cuenta con varias áreas especializadas. Una de ellas, llamada “LPR Operations”, se concentra en residentes permanentes legales. Otra sección, denominada “Denaturalization”, revisa procesos de naturalización ya aprobados. También existe un sector orientado a refugiados bajo el nombre “Refugee Revetting”.

En un correo electrónico citado por The New York Times, Daniel Andrade, director de la división, describió el mecanismo como un “aparato de remoción de LPR”, en referencia a los residentes permanentes legales. Actualmente, alrededor de 40 oficiales de inmigración participan en el análisis de expedientes vinculados con titulares de green card.

La iniciativa funciona dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Foto de archivo.

Tipos de casos que serán investigados

Según informó The New York Times, el portavoz del USCIS, Zach Kahler, explicó que las investigaciones incluyen casos de inmigrantes arrestados o condenados por distintos delitos. Entre ellos mencionó agresiones sexuales, violencia doméstica, manejo bajo efectos del alcohol y posesión de objetos relacionados con consumo de drogas.

Además, el funcionario señaló que algunas revisiones apuntan a personas que se sospecha que obtuvieron información tecnológica restringida para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. También indicó que parte de los expedientes analizados involucran a inmigrantes que, según las autoridades, habrían mentido durante el proceso para obtener la residencia permanente.

El gobierno de Donald Trump creó una nueva división dentro del USCIS para revisar antecedentes y expedientes de inmigrantes. Foto de archivo.

“La misión primordial del USCIS es salvaguardar a Estados Unidos mediante la investigación y el control rigurosos de los extranjeros”, sostuvo Kahler en declaraciones citadas por The New York Times. El vocero agregó que la agencia planea implementar nuevas modificaciones para reforzar el sistema migratorio estadounidense.

Desconfianza sobre la eficacia de la iniciativa

A pesar del avance del operativo, algunos exfuncionarios y especialistas en inmigración pusieron en duda la efectividad de la estrategia. Las cifras internas muestran que apenas cerca del 2% de los residentes permanentes revisados fueron considerados potencialmente deportables.

Sarah Pierce, exanalista de políticas migratorias del USCIS y actual directora de política social del centro de estudios Third Way, cuestionó el uso de recursos de la agencia para este tipo de controles. Según declaró a The New York Times, existe preocupación sobre si estas revisiones representan una utilización eficiente de la capacidad operativa del organismo, especialmente frente al enorme atraso administrativo que atraviesa el sistema migratorio.

Hasta el 7 de mayo, unas 2890 personas habían sido revisadas. Foto de archivo.

Los últimos datos oficiales muestran que el USCIS acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes de beneficios migratorios hacia finales de septiembre. Esa cifra duplicó el nivel registrado a fines de 2019.