Hace unos meses un docente jubilado, Jack Curtis, llevó su preocupación sobre abusos en la evaluación de tierras agrícolas hasta el despacho del entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. Luego, participó del programa de radio Ask Governor Murphy, hablando del mismo tema. Finalmente, logró que sus reclamos cristalizaran en una reforma del sistema.

Poco antes de ser sucedido en la gobernación por Mikie Sherrill, candidata del Partido Demócrata, Murphy firmó ambiciosa reforma del programa de evaluación de tierras de cultivo, con el objetivo de blindar su integridad, modernizar la gestión tributaria y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente las trabajan.

La nueva norma actualiza la Farmland Assessment Act, sancionada en 1964, que permite que tierras agrícolas y forestales se valoren en función de su productividad, y no de su valor de mercado. Esto reduce la carga del impuesto a la propiedad para los agricultores.

Durante años, autoridades y expertos habían advertido de la existencia de abusos que permitían a propietarios no agrícolas beneficiarse de estas ventajas fiscales.

Nueva Jersey aprueba una legislación bipartidista para modernizar y reformar el programa de evaluación de tierras agrícolas

La nueva ley, conocida como Farmland and Woodland Tax Assessment Integrity and Investment Act (S3446/A6278) (Ley de Integridad e Inversión para la Evaluación Fiscal de Tierras Agrícolas y Forestales, introduce) más controles y representación técnica para garantizar la transparencia. Ahora, el Comité Estatal de Evaluación de Tierras de Cultivo (FEC, por sus siglas en inglés) deberá revisar periódicamente los requisitos mínimos de ventas brutas e ingresos para demostrar un uso agrícola activo.

La nueva normativa trata de evitar los abusos en la evaluación de la tierra./ New Jersey Farm Bureau.

El corazón de la reforma pasa por endurecer sanciones, modernizar procesos y abrir el programa al escrutinio público, según destaca WRNJ Radio en un artículo. Entre los cambios más relevantes destacan:

• Aumento de las multas por falsear datos en las solicitudes de evaluación agrícola.

• Creación de un portal de solicitud en línea, gestionado por la División de Tributación, que comenzará a funcionar para el ejercicio fiscal 2027.

• Vinculación de cada explotación con todas las parcelas de un mismo propietario, para reducir la burocracia y facilitar la detección de irregularidades.

• Obligación del FEC de emitir informes anuales sobre la eficiencia del programa, remitidos al gobernador, la Legislatura y la Junta Estatal de Agricultura.

• Modernización de estándares de elegibilidad, con umbrales de ingresos más realistas y criterios más claros para acceder al beneficio.

La ley también reconfigura el propio órgano que supervisa el programa al añadir tres nuevos asientos al FEC. Dos representantes tendrán experiencia en silvicultura y otro será un miembro del público. La incorporación de perfiles forestales y el aumento de la rendición de cuentas suponen un paso más para mejorar la integridad del programa, según la comunicación oficial.

La nueva gobernadora, Mikie Sherrill, deberá aplicar las reformas a la ley./ Photographer: Adam Gray/Bloomberg.

Organizaciones como la New Jersey Farm Bureau han celebrado que la reforma “moderniza la evaluación agrícola sin renunciar a los principios que han mantenido a los agricultores sobre la tierra durante décadas”. El presidente de la Junta Estatal de Agricultura, Bob Blew, subraya que el texto logra un compromiso “mutuamente beneficioso” en requisitos de ingresos y tasas de solicitud, asegurando la viabilidad del programa a largo plazo, según Inside NJ.

El senador Joseph Pennacchio, uno de los patrocinadores de la ley, destacó que la existencia de más de 37.000 propiedades inscritas en el programa hace imprescindible un escrutinio más estricto para proteger al contribuyente.