Con sólo leer el artículo 5 de la Constitución vigente en Cuba desde 2019, puede notarse la expresa violación del derecho humano a la participación política que reconoce el artículo 21 de la Declaración Universal, estableciendo así un sistema de discriminación o segregación política a quienes no compartan la ideología oficial.

En consecuencia, en Cuba tampoco se puede ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación que contraríen el pensamiento único. Por eso no se reconoce el periodismo independiente, y se prohíbe la existencia de organizaciones de la sociedad civil que defiendan los derechos humanos, la libertad de prensa y la transparencia pública.

La criminalización de la libertad de expresión y reunión implica también el del derecho a la protesta pacífica, por lo cual hoy en Cuba hay unas mil doscientas personas inocentes presas por haberse manifestado, la mayoría en las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021, durante los días que mostraron al mundo el amplio descontento social, el reclamo de libertad y la brutal represión con la cual respondió el dictador Miguel Díaz Canel. Lo hizo impunemente en un mensaje público: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, convocando así a reprimir a sus conciudadanos.

Al respecto, cuando ahora Cuba anuncia unas dos mil liberaciones de presos, lo hace excluyendo los casos de personas presas por motivos políticos, con el objetivo de engañar a los pocos incautos que quedan sobre su política de Estado de represión de los derechos humanos.

En todo caso, si aún el gobierno de Cuba liberase a todos los presos políticos, incluyendo menores de edad y un centenar de valientes mujeres, podría volver a encarcelar por los mismos motivos, como lo viene haciendo históricamente. En consecuencia, el reclamo de liberación de personas presas por motivos políticos en Cuba debería estar precedido por la eliminación de toda la normativa, constitucional, penal y leyes especiales, que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos.

En ese sentido, en el último examen de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, realizado en 2023, esas fueron precisamente las recomendaciones de países como Alemania, Armenia, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Irlanda, Reino Unido y Rumania, las cuales fueron rechazadas por la dictadura cubana y calificadas como “sesgadas políticamente”, pretendiendo que un “examen” internacional sea un trámite amigable y complaciente que legitime su política de Estado de criminalización de los derechos humanos.

Ese tipo de recomendaciones es la única manera de iniciar una transición legal en Cuba, permitiendo el ejercicio de las libertades civiles y políticas, con partidos opositores que funcionen legalmente y un pueblo que pueda ejercer el derecho a la protesta social. Pero ello implicaría que la vieja revolución quede con los días contados, lo cual no desea la privilegiada nomenclatura castrista.

Ahora, ante el colapso económico y el descontento social actual, un escenario posible es el de un estallido popular en el cual quienes protesten sean más que los que reprimen y que entre estos últimos, como ya ha sucedido en otros casos, muchos se pasen del lado del pueblo y se produzca una situación imprevisible, escenario que conoce tanto el régimen cubano como el de Estados Unidos y que ambos prefieren evitar. De ahí las negociaciones entre ambos países y una posible salida a la venezolana.