El Gobierno formalizó este martes la designación del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que unifica las funciones del "contralor" -supervisión y fiscalización- del funcionamiento de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural por redes.

A priori, para los usuarios no habrá ningún cambio, según coincidieron consultores y exfuncionarios de distintas administraciones que consultó Clarín. Por el momento, incluso, seguirían abiertas todas las sedes de atención al público.

La intención oficial es reducir los costos, achicar estructuras con la unificación de funciones y estructuras -y, por tanto, ejecutar recortes de personal "duplicado"- y eliminar la burocracia. Los críticos, en cambio, sostienen que habrá una "menor calidad en la regulación y control".

Es que, precisamente, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) son los que controlan los cortes de luz, los aumentos de tarifas y el cumplimiento del programa de inversiones comprometido en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT).

Las empresas reguladas son Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), entre otras.

Todas ellas financian el funcionamiento de los entes a través de una "tasa de fiscalización", acorde a sus ingresos; sin que el Estado nacional aporte presupuesto. En el mediano plazo, menores gastos pueden llegar a trasladarse a los usuarios con bajas ínfimas en las tarifas.

Para Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas entre 2017 y 2019, la unificación de los entes permitirá una respuesta mejor coordinada para enfrentar desafíos como la transición energética y la digitalización, inspirada en los modelos de Gran Bretaña y Estados Unidos.

No obstante, un exfuncionario de este gobierno que habló con Clarín en off the record explicó que los mercados de gas y electricidad tienen características técnicas muy diferenciadas, y que cada uno de ellos requiere formación especializada. Según este técnico, no existen suficientes profesionales con esas características en el país.

El nuevo directorio del ENRGE

El Decreto 318/2026 estableció que Néstor Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE, será el primer presidente del directorio del ENRGE, durante 5 años.

El funcionario es abogado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico. En los últimos años, integró el equipo de asesores de la Secretaría de Energía de la Nación y, más recientemente, ocupó la Secretaría de Directorio del ENRE.

Lo acompañarán como vicepresidente por 4 años el especialista eléctrico Vicente Serra; como vocal primero por 3 años Marcelo Nachón, actual interventor del Enargas; como vocal segundo por 2 años Griselda Lambertini, ex integrante del Enargas durante el gobierno de Mauricio Macri; y como vocal tercero por 1 año el ex subsecretario de Energía Eléctrica Héctor Sergio Falzone, que fue nombrado y removido con el mismo decreto en 2024.

El comité evaluador que analizó las presentaciones de los técnicos estuvo integrado por el ingeniero Osvaldo Rolando, exinterventor del ENRE; la abogada Marita Crespo; y el economista Santiago Urbiztondo, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El gobierno de Javier Milei avanza en la "normalización institucional" del sector energético, que estaba intervenido regulatoriamente desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández, en 2019.

A partir de la privatización de los servicios públicos de luz y gas en 1992, el sector energético operó en condiciones "normales" solamente hasta 2001 y después entre 2017 y 2018, cuando la alta inflación y la devaluación obligaron a Macri a cambiar los acuerdos tarifarios vigentes.

Con todo, el sector sigue institucionalmente en "emergencia" hasta 2027, para desandar años de intervención tarifaria, regulatoria y en la gestión de abastecimiento.