El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó congelar las nuevas solicitudes de visas H-1B en agencias estatales y universidades públicas hasta el 31 de mayo de 2027. La decisión busca priorizar el acceso de trabajadores locales a empleos financiados con fondos públicos, aunque una investigación periodística revela que los contratistas privados no están incluidos en la medida.

La directiva, enviada a fines de enero a las principales agencias e instituciones de educación superior del estado, también exige la elaboración de un informe detallado sobre los empleados que actualmente trabajan bajo este tipo de visa. Abbott sostuvo que el programa H-1B debe complementar la fuerza laboral local y no reemplazarla.

Sin embargo, un análisis de KXAN señala que Texas mantiene contratos por miles de millones de dólares con empresas privadas que emplean a trabajadores bajo este sistema migratorio. Estas compañías prestan servicios vinculados a sistemas de información y tecnología para el gobierno estatal.

Datos del USCIS indican que la mayoría de los trabajadores con visa H-1B en Texas se desempeña en el sector privado, mientras que solo una pequeña proporción trabaja directamente para agencias estatales. Esto limita el alcance práctico de la medida anunciada por el gobernador.

Entre las empresas con contratos relevantes aparecen Deloitte Consulting LLP, que cuenta con acuerdos superiores a los 2.120 millones de dólares, incluido uno de 576 millones vinculado a servicios tecnológicos. También figura Oracle America, con más de 50 contratos activos que superan los 268 millones de dólares, y Capgemini America, con contratos por más de 460 millones.

Deloitte Consulting LLP ocupó el décimo lugar a nivel nacional en cuanto al número de aprobaciones de visas H-1B el año pasado. Foto.

El informe señala además que el estado no dispone de datos específicos sobre cuántos trabajadores con visa H-1B participan en contratos públicos. Esta información tampoco fue incluida en la carta enviada por Abbott a las agencias estatales.

Especialistas consultados por KXAN advierten sobre las dificultades de extender las restricciones a empresas privadas. El abogado de inmigración Jason Finkelman explicó que estas compañías operan bajo normas federales y que imponer limitaciones podría generar conflictos legales.

“Me parece poco realista que el gobernador vaya a perseguir a estas empresas, que son la base de la infraestructura y los sistemas de muchas agencias estatales”, dijo Finkelman. “Están demasiado interrelacionadas económicamente como para poder separarlas. Tiene demasiadas implicaciones económicas y legales”.

Oracle America, una de las mayores empresas de software y tecnología del mundo, ocupó el decimotercer lugar en cuanto a aprobaciones de visas H-1B en Estados Unidos en 2025. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo.

Impacto en las instituciones públicas

La investigación de KXAN también analiza el impacto en instituciones públicas. En el centro médico MD Anderson, cientos de trabajadores extranjeros ocupan puestos especializados en investigación. Documentos internos señalan que algunos de estos profesionales cumplen funciones clave y resultan difíciles de reemplazar.

En paralelo, legisladores estatales impulsan iniciativas para revisar el uso del programa H-1B. Hasta ahora, la medida del gobierno de Texas se concentra en el sector público, mientras que los contratistas privados continúan sin cambios en su esquema de contratación.

Según el informe de KXAN, esta diferencia plantea interrogantes sobre el alcance real de la política y su impacto en el mercado laboral del estado.