Un juez federal de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) reactivar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente que habían quedado congeladas para ciudadanos de 39 países. La decisión representa un revés para la política impulsada por Donald Trump, que había suspendido estos trámites con el argumento de reforzar los controles de seguridad.

El magistrado George L. Russell III determinó que la agencia migratoria no tiene autoridad para frenar indefinidamente la emisión de resoluciones. En su fallo, calificó la medida como ilegal y exigió que se retomen los expedientes que permanecían en un limbo administrativo.

El impacto de la decisión alcanza a un grupo amplio de inmigrantes que, en muchos casos, reside en Estados Unidos desde hace más de cinco años y mantiene un estatus legal. Según una investigación citada por Newsweek, entre los afectados hay científicos e investigadores médicos que cuentan con exenciones por interés nacional, lo que refuerza el carácter estratégico de sus perfiles.

Desde el colectivo Project Press Unpause, que impulsó la demanda, expresaron su malestar por la suspensión. Un portavoz identificado como Lavida sostuvo en declaraciones a Newsweek que la medida afectó a inmigrantes “que cumplen con la ley y contribuyen a la economía”. También cuestionó que la pausa se base en el país de origen, un criterio que consideran arbitrario.

El grupo estima que el Uscis recaudó más de USD 1000 millones en tarifas vinculadas a cerca de dos millones de solicitudes que no avanzaron. Para los demandantes, ese dato evidencia una falta de respuesta frente a trámites que ya habían sido iniciados y pagados.

El impacto de la decisión alcanza a un grupo que reside en Estados Unidos desde hace más de cinco años. Foto de archivo.

¿Qué dijo la USCIS?

La agencia migratoria defendió su postura durante el proceso judicial. Según explicó un portavoz a Newsweek, la suspensión buscaba garantizar revisiones más exhaustivas para solicitantes provenientes de países considerados de “alto riesgo”. Bajo ese argumento, el Uscis priorizó la seguridad nacional como eje de su política.

Sin embargo, el fallo judicial cuestiona ese criterio. El tribunal sostuvo que las autoridades tienen la obligación legal de procesar las solicitudes en un plazo razonable y que no pueden evitar una decisión de forma indefinida.

El contexto muestra además una caída significativa en la aprobación de residencias permanentes. Un informe del Cato Institute, citado en la misma cobertura, indica que entre julio de 2025 y enero de 2026 las green cards por lazos familiares descendieron un 54%. Otras categorías, como las humanitarias, también registraron reducciones marcadas.

Uscis recaudó más de USD 1000 millones en tarifas vinculadas a cerca de dos millones de solicitudes que no avanzaron. Foto: Freepik.

¿Qué pasará a partir del fallo?

A partir de esta resolución, el Uscis deberá retomar el análisis de los casos incluidos en la demanda. No obstante, el juez rechazó fijar un plazo específico de 30 días para emitir decisiones finales, debido a que los expedientes se encuentran en distintas etapas.

Para quienes no forman parte directa del litigio, el escenario sigue abierto. La agencia podría intentar sostener la pausa en otros casos, aunque el fallo establece un precedente relevante que limita esa posibilidad.

Con esta decisión, la Justicia introduce un cambio clave en el tratamiento de miles de solicitudes migratorias.