Utilizar el concepto de “espionaje ilegal” —que bien cabe a aspectos de la seguridad nacional— para calificar el trabajo de quienes comunican e informan no solo implica una desproporción evidente, sino también un mensaje perturbador.

Por definición, en una república democrática organizada bajo la división de poderes, la prensa libre integra el núcleo de garantías que sostienen la vida institucional.

La historia lo demuestra con claridad: allí donde el periodismo es más libre, también lo es la sociedad. Cuando la prensa puede trabajar sin restricciones, se expanden las libertades individuales y colectivas.

El video difundido no muestra, a simple vista, ninguna conducta violenta, irregular o incompatible con las prácticas habituales de la labor periodística. Incluso si hubiera existido un incumplimiento de algún protocolo específico, la respuesta debió ser puntual y proporcional, lo que claramente no ocurrió.

Las medidas adoptadas —exageradas e injustificadas— fueron noticia en todo el mundo. No tengo dudas de que este episodio enciende alertas entre quienes observan a la Argentina como destino de inversiones y actor relevante en la geopolítica regional.

La ecuación es simple: así como la estabilización de la macroeconomía genera expectativas, bloquear el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo las evapora. La confianza —esa “institución invisible”, como la definió el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti— se construye con reglas claras y respeto.

Son tres las cuestiones que el Gobierno debe resolver con celeridad y transparencia: explicar con precisión cuál fue la irregularidad detectada; restituir a la prensa los espacios y condiciones que durante décadas permitieron que el poder esté expuesto en la propia Casa Rosada, sin filtros ni recortes; y alejar definitivamente la lógica penal del ejercicio legal de la actividad periodística.

Desde 1983 el periodismo forma parte del andamiaje democrático argentino.

En 2009, se reformó el Código Penal y se eliminaron las penas de prisión para periodistas por expresiones sobre funcionarios, ajustando la legislación a estándares internacionales de libertad de expresión.

En 2026, no podemos dar un paso atrás. La Argentina será más grande cuanto más y mejor respete las libertades individuales y colectivas. El Gobierno está a tiempo de enmendar su error y convertir este episodio en una señal clara: más libertad, más periodismo, mejor sociedad.