La democracia es un sistema de autogobierno ciudadano que se ejerce primordialmente por medio de representantes. Sin embargo, que las medidas de gobierno las decidan los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ello no implica que los ciudadanos no podamos ni debamos tomar decisiones públicas, como por ejemplo cuando emitimos nuestro voto, o cuando nos manifestamos crítica o aprobatoriamente sobre el desempeño del gobierno, o cuando apoyamos o impugnamos sus políticas.

Son muchos los derechos que tienen relación con el ejercicio del autogobierno ciudadano. Por ejemplo y fundamentalmente, el derecho a la libertad de expresión, que no es solo un derecho individual, sino que es también una precondición imprescindible de la participación de las personas en el debate público.

En suma, si la democracia es un sistema de autogobierno en el que los ciudadanos y ciudadanas debemos tomar decisiones, entonces es crucial que contemos con la información necesaria para poder cumplir con esa responsabilidad cívica.

La información proviene fundamentalmente de dos fuentes: por un lado, del propio Estado (que recaba y acumula una enorme cantidad de datos de toda índole), y, por el otro, de nuestros conciudadanos. Todos los miembros de la comunidad política participamos de un debate público ampliado que tiene lugar en cada casa o en la plaza, en cada escuela o en el club, en las aulas y pasillos universitarios, en las parroquias, en las bibliotecas o en los bares.

Si aquellas fuentes de información son obturadas, con o sin intención de hacerlo, el debate es más pobre y, en consecuencia, tomaremos peores decisiones como colectivo. Esto es precisamente lo que está pasando, quizá sin darnos cuenta o sin que le asignemos la importancia que requiere. Veamos algunas de las decisiones tomadas o propuestas que, cuando presentadas en conjunto, dan cuenta del fenómeno y de la preocupante tendencia.

En septiembre del 2024, a poco de asumir su cargo, el Presidente de la Nación emitió el Decreto Nro. 780 por el cual modificó la Ley de Acceso a la Información Pública de 2016 (Nro. 27.275). Más allá de que una ley no puede ser modificada por un decreto, a partir de esa decisión, se ha hecho mucho más difícil y, en algunos casos, imposible, ejercer el derecho a acceder a la información en poder del Estado. El Gobierno alegó que lo hacía porque buscaba evitar un ejercicio “abusivo” del derecho a la información por parte de la ciudadanía (¡!).

El 15 de junio de este año, el Presidente emitió otro decreto, el Nro. 467, por el que derogó el conocido y altamente apreciado decreto 222 de 2003, el cual habilitaba una instancia de participación ciudadana sobre los nominados por el Poder Ejecutivo a integrar la Corte Suprema, antes de que los pliegos fueran enviados al Senado para su aprobación.

La mera existencia de esa instancia de debate público operaba como un incentivo para postular candidatos de buena calidad y provocar una mayor atención del Presidente en lograr un tribunal más diverso en cuanto al género de sus integrantes, su procedencia geográfica y su especialidad jurídica.

El cierre de la Agencia Nacional de Noticias (TELAM) en 2024, luego de 79 años de existencia, y la reducción a la casi irrelevancia de los medios públicos – además de su manipulación – también contribuyen al debilitamiento del debate público. El argumento del Gobierno fue doble: la necesidad de reducir el gasto público y la partidización de su programación por parte de gobiernos anteriores.

Sin embargo, en lugar de avanzar con una reforma en el diseño institucional de estos medios que permitiera impedir su recurrente falta de imparcialidad, se optó por su virtual parálisis. El fundamento de la existencia de esos medios es justamente el de ofrecerle a la ciudadanía “voces” que no encuentran espacio en los medios privados.

El proyecto de ley para liberar los precios de los libros – aparentemente postergado por el momento – también debilitaría el debate público. Existen estudios sobre experiencias similares, como las de Inglaterra y Australia, según las cuales este tipo de legislación redundaría en el cierre de un número considerable de librerías y editoriales, lo que conduciría a la desaparición de lo que se denomina “bibliodiversidad”, que no es más que la disponibilidad de más voces y más información para alimentar el debate público.

En un sentido similar, el desfinanciamiento de la investigación científica y de las universidades públicas tiene efectos parecidos: menos conocimiento, menos información, menos deliberación y peores decisiones políticas.

Finalmente, el Gobierno está preparando una “Reforma Política” que encerraría nuevas amenazas a la robustez del debate público. Una de esas iniciativas, aparentemente, tiene que ver con una dramática elevación de los topes a las donaciones de particulares a las campañas electorales de los partidos políticos, lo cual implica que el poder de influencia en el debate pre-electoral podría estar controlado por aquellos con mayor poder económico. También se terminaría con los aportes estatales y ya no serían obligatorios los debates entre candidatos a la presidencia.

A todas estas medidas, habría que sumarle las amenazas “indirectas” a una mayor circulación de información como, por ejemplo, el hostigamiento y descrédito de periodistas y expertos que critican la labor del gobierno, o incluso la aplicación de represalias. Este tipo de prácticas generan las condiciones para que se activen mecanismos de autocensura con su consiguiente impacto nocivo para la robustez del debate público.

Si esta demolición del debate público es intencional o no, es difícil decirlo. Pero resulta evidente la conexión entre este conjunto de decisiones y la degradación paulatina de nuestra democracia.