La decisión del presidente Donald Trump de imponer una tasa de $100.000 para nuevas visas de trabajo H-1B sufrió un nuevo revés judicial. Un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de un juez de Boston explicando que el presidente no tiene la autoridad para imponer dicho cargo.

En junio, un juez federal de Boston había fallado en contra del proyecto de Trump, presentado como una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses frente a empresas que, según sostenía, recurren a profesionales extranjeros para reducir costos.

Las visas H-1B fueron creadas por la Ley de Inmigración de 1990 y permiten a empresas e instituciones contratar trabajadores extranjeros con formación especializada y título universitario. Tienen una duración inicial de tres años y pueden extenderse por otros tres.

El programa resulta especialmente importante para el sector tecnológico. Según del Centro de Investigación Pew, al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 correspondieron a empleos vinculados con la informática.

Cada año, el gobierno otorga unas 65.000 visas H-1B y otras 20.000 están reservadas para personas con maestrías o títulos superiores. La asignación se realiza mediante un sistema de sorteo.

Un aumento abrupto y desmedido

La controversia comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración Trump elevó la tarifa para participar en el proceso de obtención de la visa.

Hasta entonces, la inscripción era de $215, además de otros costos administrativos que elevaban el total a unos $2.000. La nueva tasa de $100.000 entró en vigor apenas un día después de su anuncio.

La visa H-1B está destinada a trabajadores con formación especializada. Foto: Ecoportal.

Según la Casa Blanca, el programa favorecía la sustitución de trabajadores estadounidenses por profesionales extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos. Datos oficiales indican que casi tres cuartas partes de las solicitudes aprobadas en 2023 corresponden a ciudadanos de la India.

Sin embargo, la medida tuvo escasa aceptación. De acuerdo con documentos judiciales, hasta mediados de febrero de 2026, el gobierno solo había recibido 85 pagos, lo que representó una recaudación de 8,5 millones. Analistas del sector señalaron que el nuevo costo desalentó la participación de muchos empleadores.

La demanda que dio origen a la decisión del juez federal de Boston fue presentada por 20 estados. Esos gobiernos sostuvieron que la nueva tasa dificultaba la contratación de docentes, investigadores, profesionales de la salud y otros trabajadores especializados en instituciones públicas.

Tras analizar el caso, el juez federal Leo Sorokin concluyó que la política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la forma en que las agencias federales elaboran normas y regulaciones.

Cada año, el gobierno otorga unas 65.000 visas H-1B. Foto: Shutterstock.

"El Tribunal considera que la política impone un impuesto a las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso", escribió Sorokin en su resolución que ahora cuenta con el respaldo del tribunal de apelaciones.

Otra corte federal había respaldado previamente la tarifa en una causa distinta impulsada por la Cámara de Comercio. Además, grupos religiosos y organizaciones laborales mantienen una demanda separada en un tribunal federal de California.