El Gobierno cedió ante la presión de los bloques aliados y se alzó este martes con el dictamen de comisión del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal, sancionado en diciembre del año pasado, tras modificar un artículo clave de la propuesta que afecta a los funcionarios del Estado.

El proyecto de inocencia fiscal II contó con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y las fuerzas aliadas al oficialismo que le permitieron obtener el despacho de mayoría con 44 firmas en el marco de un un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de Diputados.

Para avanzar con el proyecto impulsado desde la Casa Rosada, el oficialismo acordó con los aliados excluir de forma "total e incondicional" a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.

De esta manera, los representantes de los tres poderes del Estado podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente.

Sin embargo, estarán impedidos de acceder al beneficio de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.

La prohibición abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante

"Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día." resaltó la oficialista Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal.

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