El presidente Donald Trump aseguró que unas 250.000 personas que carecen de ciudadanía están inscritas para votar en las elecciones nacionales. También prometió revelar una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que daría más datos. Pero los expertos ponen en duda estas cifras.

El jueves 16 de julio, Trump prometió: "Voy a desclasificar información de inteligencia que da cuenta de grandes vulnerabilidades en la infraestructura del sistema electoral".

Ese mismo día, el DHS había publicado un documento y cartas enviadas por el secretario Markwayne Mullin a funcionarios electorales de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, estados donde se habrían registrado más de 250.000 votantes de manera irregular.

Mullin asegura que “el DHS ha identificado a más de 250.000 posibles no ciudadanos registrados ilegalmente para votar, entre ellos: 190.832 en California; 35.152 en Nueva Jersey; 15.903 en Nevada y 14.576 en Pensilvania”.

¿Información falsa o exagerada?

Varios expertos en seguridad ponen en duda estas afirmaciones. David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, citado por el sitio Democracy Docket, contó que un funcionario del DHS le había afirmado que la cifra se basaba en comparaciones con datos comerciales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, difundió los datos e intimó a los gobiernos de cuatro estados. Foto: Julia Demaree Nikhinson. AP.

Explicó que “dichos datos son menos detallados que los registros de votantes, lo que a menudo imposibilita una identificación precisa”. Por lo tanto, aseguró, “compartir esa cifra es irresponsable, dada la metodología poco transparente que alegan haber utilizado”, dijo.

“Presten atención a lo que Mullin no proporcionó: ninguna evidencia que respalde sus cifras descabelladas ni siquiera una explicación de dónde provienen esos números”, publicó en su cuenta de Bluesky Wendy Weiser, vicepresidenta del Centro Brennan para la Justicia.

Agregó: “Casi con toda seguridad son falsas o están enormemente exageradas. Esta administración tiene un historial deficiente en cuanto a acusaciones falsas de irregularidades electorales”.

El sitio afirma que Mullin dijo que el DHS identificó a los no ciudadanos mediante el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), una base de datos diseñada originalmente para ayudar a los estados a comprobar la ciudadanía de las personas que solicitan beneficios gubernamentales.

“La administración Trump adaptó SAVE para que funcione como una verificación de ciudadanía más amplia, pero los críticos afirman que la nueva versión es muy defectuosa y suele identificar erróneamente a votantes elegibles”, explica Democracy Docket.

Por otra parte, varios tribunales federales han dictaminado que el poder ejecutivo tiene una autoridad muy limitada para exigir acceso o modificaciones a los registros electorales estatales. A pesar de los fallos, Mullin exigió a los funcionarios electorales de los estados que ingresen sus registros de votantes en SAVE, amenazándolos con sanciones si no lo hacen.

En tanto, la agencia AP informa que Trump destituyó a miembros de una comisión electoral bipartidista que distribuye subvenciones federales a los estados, supervisa las pruebas de los sistemas de votación y mantiene el formulario nacional de registro de votantes.

El gobierno afirma que personas no ciudadanas han sido inscritas como votantes. Foto: Pexels.

El ocurrió luego de que el grupo se opusiera a sus intentos de exigirles a los posibles votantes que presentaran documentos que demostraran su ciudadanía antes de empadronarse.

El presidente también ha recortado millones de dólares en fondos federales a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), que ayudaba a los funcionarios electorales a garantizar la seguridad de los comicios.