Un comité del Senado votó declarar en desacato al Congreso a Anthony Fauci, el científico que lideró la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del Covid, por negarse a responder preguntas durante una audiencia la semana pasada.

El caso abre interrogantes judiciales, políticos y de confianza en la sanidad del país porque los demócratas denuncian “caza de brujas” contra ex funcionarios por parte del gobierno de Donald Trump, los republicanos insisten en que los científicos engañaron a la población y los ciudadanos reciben mensajes sanitarios contradictorios.

Fauci, de 85 años y ya retirado, invocó su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a no declarar y se negó a responder a todas las preguntas que le formularon durante las tres horas que duró la sesión del comité de Seguridad Nacional del Senado el jueves.

Los republicanos del panel, liderados por el senador Rand Paul de Kentucky, sostienen que Fauci no tiene derecho a la protección de la Quinta Enmienda. La razón, dicen, es que, en su último día en el cargo, el ex presidente Joe Biden concedió a Fauci y a otras personas un “indulto preventivo” incondicional que lo protege de ser procesado a nivel federal por sus acciones desde 2014 hasta el 19 de enero de 2025.

Biden tomó esa medida luego de que Trump anunciara públicamente que tomaría represalias contra varios funcionarios demócratas.

Fauci, de 85 años y ya retirado. Foto: Reuters

Muchas personas, incluidos funcionarios del gobierno de Donald Trump e incluso el propio presidente, han invocado la Quinta Enmienda. Pero el caso de Fauci es único, dicen los expertos en derecho, por la tensión entre el alcance de un indulto presidencial y el de la Quinta Enmienda.

Fauci, blanco de la ira de Trump

Pero más allá del debate constitucional sobre el derecho a no declarar, Fauci ha sido siempre blanco de la ira de Trump. Casi inmediatamente después de que el magnate fuera elegido para un segundo mandato en 2024, los republicanos prometieron perseguir a varias figuras prominentes, entre ellas Fauci, por su gestión de la pandemia.

Hasta ahora no había sido citado, pero los senadores acusaron a Fauci de financiar investigaciones que llevaron a la creación del coronavirus y de mentirle al Congreso al respecto bajo juramento, acusaciones que el científico ha negado durante mucho tiempo. Buscaron responsabilizarlo por los cierres de escuelas, la obligatoriedad de barbijos y vacunas, y otras restricciones de la era de la Covid impuestas por estados, comunidades y empleadores.

Paul ha sostenido durante mucho tiempo que Fauci debería ser investigado penalmente, basándose en su creencia de que el científico fue deshonesto ante el Congreso sobre investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud y sobre los orígenes del COVID.

El abogado de Fauci calificó la semana pasada las acusaciones de Paul contra el científico como “falsas y vergonzosas”. Más de 150 expertos en enfermedades infecciosas también salieron en defensa de Fauci, al escribir que “no se ha producido ninguna evidencia creíble que respalde estos cargos absurdos” y que instan a los funcionarios electos a “detener estas cacerías de brujas”.

Anthony Fauci testifica ante el Congreso. Foto: EFE

La ofensiva contra Fauci y sus políticas no se limitó a su comparecencia en el Senado. Por separado, el ministro de Salud Robert Kennedy, un exactivista antivacunas políticamente independiente que se alió al gobierno de Trump, dedicó parte de su fin de semana a un combativo debate en vivo con la presentadora de CNN Dana Bash sobre cómo se gestionó la pandemia y el papel de los medios en ella.

Politólogos e historiadores señalan que el enfoque en los reclamos por el COVID, 6 años después del pico del virus, muestra cómo algunas heridas que abrió nunca se han cerrado. Pero los demócratas, por su parte, han criticado que el gobierno federal culpe a Fauci y lo consideran una distracción que no se basa en hechos.

Según dijo Matt Dallek, politólogo de la Universidad George Washington, aunque el senador Paul y Kennedy llevan años ventilando sus frustraciones sobre el COVID, el hecho de que los republicanos ahora controlen la Casa Blanca y el Congreso les ha permitido usar los recursos de la administración para avanzar con la investigación.

En noviembre hay elecciones legislativas y las teorías conspirativas sobre la pandemia siempre han estado muy arraigadas en la base del movimiento trumpista MAGA. La movilización de este tema regenera el debate.

“La respuesta al COVID se ha convertido en un punto de referencia para el Partido Republicano de Trump”, afirmó Dallek a AP. “Ahora usan su poder para sostener que tuvieron razón desde el principio”.

Durante la pandemia, que comenzó cuando Trump cursaba el último año de su primer mandato, grupos de estadounidenses se rebelaron contra los requisitos impuestos por autoridades locales y empresas que indicaban a la gente que usara barbijos y se quedara en casa para frenar los contagios. El gobierno federal, mientras tanto, trabajaba rápidamente para lograr una vacuna.

Cuando se logró, muchos ciudadanos se negaron a inmunizarse. Figuras como Kennedy, entonces un líder del movimiento antivacunas, acusaron al gobierno federal de pisotear las libertades personales al respaldar mandatos de vacunación y de eliminar ideas disidentes.

En el segundo mandato de Trump, con Kennedy en el ministerio, los organismos reguladores de Estados Unidos limitaron la disponibilidad de vacunas contra el Covid. Kennedy incluso cuestionó si la vacuna protegía a los niños, aun cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan en su sitio web que “ayudan a evitar que los niños enfermen gravemente de COVID-19”.

La audiencia de Fauci se produjo después de que el inmunólogo compareciera repetidamente ante el Congreso a lo largo de los años y hablara sobre su razonamiento al inicio de la pandemia y cómo cambió con el tiempo. Los críticos han expresado su preocupación de que la situación de Fauci disuada a científicos de aceptar empleos en el gobierno por temor a ser señalados de forma similar.

¿Qué puede pasar ahora con Fauci?

El senador Paul dijo que enviará la resolución de desacato directamente a los fiscales federales, eludiendo una votación del pleno del Senado.

Ellos podrían convocar a un gran jurado y buscar una acusación formal. Si tuvieran éxito, Fauci sería acusado del delito menor de desacato penal, por el cual una condena podría resultar en multas y una pena de prisión de hasta un año.

Un juez de la corte federal de distrito en el distrito de Columbia decidiría si el caso debe seguir adelante.