Durante un largo tiempo, el estructuralismo dominó la gestión del precio del crudo mediante una regulación directa. Este paradigma establecía un precio (el “barril criollo”) por debajo de la cotización internacional.

En situaciones de desplome de las cotizaciones, como cuando la pandemia el Estado actuaba en sentido inverso aplicando un precio sostén. Esta dinámica transfería renta desde el sector productor primario hacia las refinerías y el consumidor final, subsidiando el consumo doméstico y la industria nacional.

Frente a esta tradición intervencionista, la actual gestión libertaria promueve discursivamente el “barril libre”. En congruencia con esta narrativa, derogó la fijación de precios obligatoria entre petroleras y refinerías e introdujo reformas al comercio exterior en la Ley Bases.

Sin embargo, este puntapié inicial no se impuso como una regla inalterable de gestión. Frente a la fuerte volatilidad internacional del crudo, la administración aplicó frenos mediante la postergación sistemática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y utilizó el peso de YPF para contener el ritmo de variación en el surtidor.

Una mirada atenta revela que no estamos frente a una ruptura paradigmática de opción binaria (Estado vs. Mercado) sino -más bien, que estamos discutiendo “gradualismo estructural” vs. “gradualismo ocasional”. Mientras el estructuralismo intervenía directamente en el último tramo del crudo (upstream) para subsidiar la economía general, la política actual apela a herramientas fiscales e indirectas para evitar que la volatilidad se traslade de forma íntegra al tramo minorista.

En este escenario, resulta inconsistente calificar como una opción de “libre mercado” a la política energética actual. Para la Escuela Austriaca de Economía -con especial acento en las contribuciones de Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek, toda regulación, temporal o permanente, que impida la libre operatoria del sistema de precios, resulta conceptualmente inadmisible. O sea que las intervenciones indirectas predominantes en el mercado de combustibles hoy día en nuestro país descalifican el carácter genuinamente libertario del gobierno.

El “pragmatismo macroeconómico” actual erosiona el principio cardinal de la libertad de mercado tanto o más que el intervencionismo estructural, al abrir serios interrogantes sobre el grado de discrecionalidad estatal en el futuro y desvanece así el planteo binario entre Estado y Mercado.

Una evaluación rigurosa demuestra que la mera ausencia de controles directos con objetivos explícitos no equivale automáticamente a la vigencia integral de un mercado libre. Cuando el Estado utiliza el diferimiento impositivo del ICL o el accionar de YPF para amortiguar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), introduce una variante de planificación centralizada que destruye la consistencia del libre mercado.

Para comprender la magnitud de esta desviación, es preciso apelar a la teoría de la información y los precios formulada por Hayek en El uso del conocimiento en la sociedad. Según Hayek, los precios de mercado no son variables numéricas manipulables por la autoridad económica, sino mecanismos de transmisión de información dispersa y no articulada entre los agentes. A su vez, Ludwig von Mises procuró demostrar en La acción humana la imposibilidad de ejecutar una “sintonía fina” estatal sin alterar el cálculo económico. Según Mises toda intervención en la estructura de precios -aun con fines loables como contener la inflación, genera distorsiones que inducen a tomar decisiones sobre premisas falsas.

Bajo este andamiaje conceptual, pierde sustento la premisa de que en la Argentina de hoy estamos transitando un sendero auténtico que nos conduce hacia el “barril libre”. Afirmar que el mercado hidrocarburífero es “libre” porque la transacción entre el productor y el refinador no sufre precios máximos por decreto constituye una lectura parcial.

En la economía “real”, la intervención hoy vigente sobre el tramo final del proceso repercute hacia atrás en toda la cadena productiva, mientras que la discrecionalidad fiscal ejerce un subsidio implícito de estabilización. Dada la estructura oligopólica local, donde YPF controla más de la mitad del mercado minorista, el “gradualismo de contención” se transforma en una regla de regulación para el resto de los competidores.

Quienes defienden la política actual justifican las medidas aduciendo una “necesidad pragmática”, reconocen así abiertamente que en un contexto de vulnerabilidad social e inercia inflacionaria, la liberación sincrónica de los precios provocaría el colapso del poder adquisitivo.

Pero, a su vez, este razonamiento incurre en una contradicción lógica desde la perspectiva austriaca, la cual sostiene que la inflación es causada por la emisión monetaria y no una consecuencia del ajuste de precios relativos. En la práctica, el Gobierno adopta el diagnóstico heterodoxo que la teoría de Hayek y Mises busca refutar.

El Estado se está reservando la potestad de decidir cuándo, cuánto y a qué ritmo debe ajustarse la cotización del “barril libre”. Ante el conflicto entre la dogmática del libre mercado y el costo político de la inflación, la gestión optó por la ingeniería macroeconómica tradicional.

Reconocer esta intervención no es una crítica destructiva, sino un ejercicio de rigor conceptual: la libertad de mercado no existe en grados ni por intenciones declaradas, sino que reside en la ausencia efectiva de manipulación estatal sobre el mecanismo de precios.

En particular, resulta infantil pretender imponer localmente una libertad total de precios cuando internacionalmente el bien en cuestión (el crudo) resulta ser uno de los bienes cuyo precio está sujeto a la evolución de graves convulsiones geopolíticas permanentemente.w