En un fallo con fuertes implicaciones para las políticas de protección a migrantes en Estados Unidos, la Justicia federal resolvió bloquear de forma preliminar disposiciones clave de la legislación promovida por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. La medida pretendía impedir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales ejecutaran procedimientos de detención con el rostro cubierto o sin identificación visible.

NEWS: New York U.S. District Judge Mae D’Agostino has BLOCKED a state law that would BAN ICE agents from wearing masks in the state and would require them to display their ID at all times.

Fox News’ Bryan Llenas: “Judge Mae D’Agostino RULING that under the Constitution’s… pic.twitter.com/ZpbcPhDa8p

— RedWave Press (@RedWavePress) August 4, 2026

La resolución, emitida por el Tribunal de Distrito para el Norte de Nueva York con sede en Albany, representa un freno temporal a la estrategia de la administración estatal para regular el accionar de los funcionarios de inmigración. Con este dictamen, los agentes federales podrán continuar utilizando mascarillas y coberturas faciales durante sus incursiones en territorio neoyorquino mientras se resuelve el fondo de la demanda entablada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Qué resolvió la jueza federal sobre el uso de máscaras e identificación del ICE?

La jueza federal Mae D'Agostino concedió una medida cautelar solicitada por el Gobierno federal que congela de inmediato la aplicación de dos exigencias centrales fijadas en la denominada ley de máscaras de Nueva York. Por un lado, la norma prohibía expresamente que los oficiales mantuvieran el rostro cubierto en la vía pública o domicilios; por el otro, establecía la obligación estricta de portar credenciales oficiales claramente visibles a la vista del público.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) caminan para cerrar una puerta en el exterior del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., 3 de agosto de 2026. Foto: REUTERS/Ryan Murphy

El alcance de la suspensión judicial abarca no solo al personal del ICE, sino también a los efectivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Tras la orden emitida desde el juzgado de Albany, las fuerzas policiales locales y estatales tienen prohibido arrestar o sancionar a los agentes federales que actúen con la cara cubierta en operaciones dentro del estado.

¿Por qué la Justicia determinó que Nueva York se extralimitó en sus funciones?

El fundamento jurídico central del fallo radica en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece que la legislación y las políticas federales prevalecen sobre las normativas creadas por los gobiernos estatales. En su dictamen de 51 páginas, la magistrada concluyó que el Departamento de Justicia demostró una alta probabilidad de probar que Nueva York intentó regular de forma directa el funcionamiento interno de organismos del Ejecutivo nacional.

La jueza federal de distrito Mae D'Agostino dictaminó que Nueva York probablemente excedió su autoridad al intentar regular la forma en que los agentes de ICE, el FBI, la DEA y la CBP llevan a cabo sus funciones de aplicación de la ley federal. Foto: Will Waldron/Albany Times Union

Aunque la jueza D'Agostino reconoció que el estado de Nueva York parecía actuar con buena intención en la búsqueda de procedimientos policiales transparentes para evitar situaciones de riesgo, remarcó que la evaluación constitucional no depende de qué política resulta preferible. La resolución enfatiza que corresponde exclusivamente a las autoridades de Washington D.C., y no a los estados, definir las reglas de vestimenta, protección e identificación bajo las cuales operan sus agentes de aplicación de la ley.

La parte de la ley que sigue vigente: ¿Qué pasará con la colaboración policial con el ICE?

A pesar del freno al veto de las mascarillas, el fallo no significó una derrota total para el gobierno estatal. La jueza rechazó la petición del Departamento de Justicia para anular la prohibición estatal referente a los acuerdos de colaboración 287(g), una medida que entrará en funcionamiento de forma plena a finales de agosto y que impide a los departamentos de policía locales firmar convenios voluntarios con el ICE para realizar tareas de control migratorio.

La magistrada sostuvo que la participación en los programas 287(g) es constitucionalmente opcional para los estados y municipios. Por ende, Nueva York está en su pleno derecho de decidir el destino de sus propios recursos financieros y policiales, prohibiendo que los fondos de los contribuyentes locales se utilicen para respaldar las deportaciones o la logística de las agencias federales de inmigración.

La firme respuesta de Kathy Hochul y Letitia James tras el fallo judicial

Tras la difusión de la orden cautelar, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitieron un comunicado conjunto para fijar la postura del Ejecutivo estatal. Ambas funcionarias ratificaron su postura de que permitir operativos con agentes con el rostro cubierto no contribuye a la seguridad pública ni a la confianza comunitaria, por lo que confirmaron que sus equipos legales están revisando todas las opciones para apelar la decisión sobre el uso de máscaras.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla tras la ceremonia de corte de cinta en el nuevo estadio Bills Highmark en Orchard Park, Nueva York, el martes 23 de junio de 2026. Foto: AP/Jeffrey T. Barnes

Paralelamente, Hochul y James celebraron el respaldo judicial a la restricción de los acuerdos 287(g), asegurando que la policía local debe concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la prevención del delito a nivel comunitario. La resolución de Nueva York se suma a una serie de batallas judiciales similares en estados como California, Virginia y Pensilvania, donde los tribunales federales han sentado un criterio uniforme al frenar los intentos regionales de limitar el margen operativo del ICE.