Este lunes marcó el primer día de clases luego del receso de invierno, el reinicio del ciclo lectivo en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el regreso a las aulas quedó atravesado por paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que dio comienzo a una semana de reclamos salariales, la exigencia de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el rechazo a reformas previsionales.

A través de un recorrido realizado por distintos establecimientos educativos de Capital y el Gran Buenos Aires (GBA), se vio un acatamiento parcial. Mientras que en la Ciudad la mayoría de las escuelas mantuvieron las puertas abiertas con funcionamiento dispar según el grado, en el Conurbano bonaerense la medida de fuerza se sintió con mayor intensidad. Allí, además, se envió una circular para que los inspectores provinciales y directores de escuelas, para aclarar que, "por ser una medida inconstitucional", no les den ninguna información a funcionarios o inspectores nacionales.

Según pudo saber Clarín, las inspecciones dispuestas por el Ministerio de Capital Humano nacional se hacían en distintos establecimientos desde las 8.30.

El impacto del paro en las escuelas

El panorama mostró marcadas diferencias según el establecimiento, el nivel y la jurisdicción.

El paro docente convocado por CETERA tiene acatamiento parcial en la Ciudad y se siente más fuerte en el Gran Buenos Aires. Foto: Luciano Thieberger

En la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 16 "Gral. Ing. Mosconi", ubicada en General Mosconi 2641 (Villa Devoto / Villa Pueyrredón), se dictaron clases con normalidad desde la mañana. En la Escuela Primaria Común N° 17 "Gregoria Matorras y del Ser de San Martín" (Vallejos 2555, Villa Devoto), en cambio, se registraron clases en aproximadamente la mitad de los grados. Un padre que acababa de dejar a su hijo en la puerta, consideró que no correspondía un paro justo el primer día de clases.

En la Escuela Primaria Común N° 14 "Leopoldo Lugones" (zona Villa General Mitre / Villa Crespo) hubo clases en algunos grados; allí, la madre de un alumno celebró que la maestra de su hijo hubiera asistido. La Escuela N° 2 "Juana M. Gorriti" (Camargo 725, Villa Crespo) tuvo actividad normal, algo que otra madre agradeció por motivos laborales. La Escuela N° 18 D.E. 15 "Juan B. Terán" (Arias 4761, Saavedra) funcionó también con clases en algunos grados, mientras que en la Escuela Primaria Común N° 13 "Dr. Ignacio Lucas Albarracín" (Av. San Martín 6382, Villa Devoto) apenas se dictaron clases en unos pocos grados, debido a la fuerte adhesión de su planta docente a la medida de fuerza.

En muchas escuelas hubo clases en varios grados.

El panorama fue más crítico en el Conurbano. La Escuela Secundaria N° 2 "Patricias Argentinas", en Laprida 3647, Villa Martelli (Vicente López), estuvo prácticamente vacía y casi sin clases desde la mañana. La Escuela Primaria N° 7 "Dr. Nicolás Avellaneda" registró un acatamiento total al paro y permaneció sin clases.

La diferencia entre distritos coincide con lo anticipado por los propios gremios bonaerenses: sindicatos, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que habían ratificado la adhesión a la medida para este lunes, anticipando que el reinicio del ciclo lectivo se vería afectado en numerosos establecimientos de la Provincia.

Por qué es el paro

La huelga fue resuelta en el congreso de CTERA como parte de un plan de lucha por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la recomposición salarial frente a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a las políticas de ajuste que, según el gremio, afectan al sistema educativo. A ese reclamo económico se suma el rechazo a una eventual reforma previsional y la oposición al proyecto conocido como la "Ley de Libertad Educativa", además de demandas de mayor inversión en infraestructura edilicia, comedores escolares, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Desde la conducción sindical remarcaron que el objetivo del paro es visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y reclamar una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema educativo, bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación". Según reconstruyó Infobae, el gremio sostiene que el sueldo mínimo de un docente se encuentra estancado en 500 mil pesos, lo que motiva el reclamo por un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo nacional que reforzaba el salario de maestros y profesores y que fue eliminado en 2024.

La medida no estuvo circunscripta a la docencia primaria y secundaria: también adhirió la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), por lo que la protesta alcanzó a todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta las universidades nacionales, y en paralelo se sumó un paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). No todo el sindicalismo docente optó por el mismo camino: los gremios nucleados en la CGT eligieron un plan de lucha alternativo que no implicó la suspensión de actividades escolares, con jornadas de trabajo a reglamento y movilizaciones en lugar de un paro total.

El conflicto no es nuevo: la protesta de este lunes se dio en el marco de una escalada de conflictividad docente que atravesó todo el primer semestre de 2026, con un antecedente en la medida provincial bonaerense del 30 de junio convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ante la falta de una convocatoria paritaria.

Presión del Gobierno e inspecciones

Antes del inicio de la jornada, el Gobierno nacional había anunciado que realizaría "inspecciones muestrales" en las escuelas para medir la adhesión a la medida de fuerza. Esta vez, a diferencia de otros paros, el operativo tuvo un respaldo legal explícito: el Ministerio de Capital Humano informó que se llevaría adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802, cuyo artículo 101 establece a la educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según ese mismo comunicado, el objetivo de la inspección es verificar que las entidades gremiales convocantes al paro nacional respetaran el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello fueron categóricos con las consecuencias de un eventual incumplimiento: en caso de detectarse un incumplimiento, se activarían los protocolos correspondientes para analizar la aplicación de sanciones contra las organizaciones sindicales responsables, aunque el propio Ministerio aclaró que esas sanciones no serían automáticas, sino que primero debía comprobarse la falta e iniciarse el procedimiento administrativo correspondiente.

En paralelo, el Gobierno buscó despejar dudas sobre a quién le compete el control cotidiano de las escuelas. Desde Capital Humano remarcaron que la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones. En sintonía con esa distinción, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires aclararon que no colaborarían ni ejecutarían los controles requeridos por la Nación. Y enviaron una circular para que las autoridades no brinden información.

"El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente", dice el texto firmado por la Dirección General de Cultura y Educación.

Desde el Gobierno porteño, por su parte, confirmaron a Clarín que no realizarían auditorías adicionales, dado que el seguimiento de la asistencia docente en los establecimientos se gestiona a través de sus propios canales centralizados, mediante un sistema informático de registro con huellas digitales.

SC