Alerta por la discapacidad: advierten que un proyecto podría desregular el sistema y afectar prestaciones

La posible eliminación del nomenclador nacional de discapacidad encendió una fuerte preocupación en el sector.

La iniciativa, que busca desregular aranceles y financiamiento del sistema, es interpretada por especialistas como un cambio de fondo que podría impactar directamente en la atención de millones de personas en todo el país.

Según explicó la abogada especialista en discapacidad Marta Astra, el principal riesgo es que las prestaciones queden libradas a la lógica del mercado.

“Vamos a tener personas con discapacidad de primera, segunda o tercera categoría dependiendo de su situación económica”, advirtió, al señalar que esto implicaría perder la universalidad y la garantía de calidad que hoy establece la ley.

En ese sentido, sostuvo que la medida representaría “una decisión política” orientada a modificar el sistema tal como se lo conoce. “Es dejar libradas a la oferta y la demanda las prestaciones de discapacidad”, planteó, y cuestionó la falta de fundamentos técnicos o económicos que respalden la propuesta.

El planteo también se da en un contexto de fuertes aumentos en el sistema de salud. Astra mencionó que las empresas de medicina prepaga registraron subas de entre el 500% y el 600% en los últimos dos años, lo que ya generó dificultades de acceso para muchas familias. En ese escenario, advirtió que avanzar hacia una mayor desregulación podría profundizar las desigualdades.

Otro de los puntos críticos que remarcan desde el sector es el incremento de conflictos judiciales. Según indicó la especialista, crecieron las acciones de amparo por cobertura y también los casos en los que obras sociales y prepagas no cumplen con las sentencias. Esto obliga a iniciar nuevas instancias legales para garantizar prestaciones básicas.

La preocupación alcanza a un universo amplio: en Argentina hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, además de sus familias, cuidadores y profesionales vinculados al sistema.

Para muchos de ellos, las terapias y tratamientos no tienen alternativas, lo que profundiza el impacto de cualquier modificación estructural.

En ese marco, desde el sector advierten que las decisiones que se adopten marcarán el rumbo del sistema en los próximos años.

“Las sociedades avanzadas se definen por cómo tratan a los sectores más vulnerables”, señalaron, y reclamaron que se sostenga el esquema actual de prestaciones mientras se discuten posibles mejoras.