Córdoba hará que los padres paguen los operativos por amenazas falsas en escuelas

En un contexto de creciente preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas, la provincia de Córdoba decidió avanzar con una medida inédita: cobrar los operativos de seguridad a quienes generen falsas alarmas.

La decisión apunta a frenar estas conductas y aliviar el uso de recursos estatales que, según advierten, se desvían de tareas clave de prevención.

El nuevo protocolo, impulsado por el Ministerio de Seguridad, establece que una vez identificados los responsables, se calcularán los costos de cada intervención —que incluyen despliegues policiales, brigadas especiales, bomberos y tareas investigativas— y se intimará al pago a los padres o adultos responsables en caso de menores.

Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de “bromas” ni hechos menores. “Cada operativo moviliza recursos que deberían estar destinados a cuidar a los vecinos en otros puntos de la provincia”, explicó el ministro Juan Pablo Quinteros, quien además subrayó el impacto que estas situaciones generan en la comunidad educativa.

El esquema se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, lo que abre un nuevo frente judicial y administrativo en estos casos. No solo se buscará sancionar penalmente, sino también recuperar el costo económico de cada intervención estatal.

La medida pone en debate un tema de fondo: el uso de recursos públicos en un contexto de restricciones presupuestarias que atraviesa a todas las provincias. En distritos del interior, donde los sistemas de seguridad y emergencia suelen operar con capacidad limitada, este tipo de operativos implica un costo significativo y una reasignación inmediata de personal.

Además, el fenómeno no es aislado. En varias provincias se registraron episodios similares en las últimas semanas, muchos vinculados a desafíos virales en redes sociales. Córdoba busca así marcar un precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones si la estrategia logra reducir las falsas amenazas.

El desafío será doble: por un lado, identificar a los responsables en cada caso; por otro, efectivizar el cobro de los operativos, especialmente cuando se trate de menores. El Gobierno apuesta a que la medida funcione como disuasión, aunque no descartan que genere debate legal y social sobre los límites de la sanción.