Advierten por un pago “en negro” en la compra del departamento de Manuel Adorni

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Un testigo clave declaró ante el fiscal que habría existido un pago adicional de 65.000 dólares fuera de la escritura en la compra de un departamento en Caballito. La operatoria y las condiciones de financiamiento quedaron bajo la lupa.

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    La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un dato sensible: un testigo aseguró ante la Justicia que existió un acuerdo informal por 65.000 dólares “por afuera” de la escritura en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.


    La declaración fue realizada por Pablo Martín Feijoo ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien intenta reconstruir cómo se financió la operación. Según trascendió, el propio Feijoo —vinculado a las vendedoras— sostuvo que ese monto adicional se habría pactado de palabra para compensar el precio de la transacción.



    La propiedad había sido comprada previamente por dos jubiladas por 200.000 dólares y luego revendida a Adorni por 230.000. Sin embargo, el dato que encendió las alertas es doble: por un lado, el valor final estaría por debajo de estimaciones de mercado que lo ubicaban bastante más alto; por otro, la estructura de pago incluyó solo 30.000 dólares iniciales y el resto financiado sin intereses, un esquema poco habitual en el sector inmobiliario.

    El supuesto acuerdo paralelo ahora introduce una nueva variable en el expediente. Si se comprueba que hubo dinero no registrado, el caso podría escalar en términos judiciales y fiscales, ya que implicaría inconsistencias en la declaración patrimonial del funcionario.

    Más allá del caso puntual, el expediente vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el patrimonio de funcionarios públicos.


    En un país donde las economías regionales enfrentan restricciones de crédito, tasas elevadas y falta de financiamiento productivo, este tipo de operaciones —con condiciones excepcionales— generan ruido político y alimentan la percepción de desigualdad en el acceso a oportunidades.

    La causa seguirá avanzando con nuevas declaraciones y peritajes. En las próximas semanas, la Justicia analizará documentación y testimonios para determinar si existe coherencia entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas.