Una pista en Río Cuarto activó una investigación por amenazas escolares: detectaron a un menor que planeaba un ataque

La Justicia de Córdoba intervino de urgencia en una investigación que encendió todas las alarmas: un adolescente de 13 años habría manifestado en conversaciones su intención de cometer un ataque contra compañeros de su escuela.

Según explicó la fiscal del Fuero Penal Juvenil, Norma Scaglia, una de las puntas clave del caso surgió a partir de un teléfono identificado en Río Cuarto.

De acuerdo con la funcionaria judicial, la causa se activó luego de detectar una conversación en la que el joven expresaba su voluntad de cometer hechos violentos en el ámbito escolar.

A partir de allí, se realizaron averiguaciones, se allanó el domicilio del adolescente en la ciudad de Córdoba y se secuestraron armas blancas, entre ellas un cuchillo de cazador y un cúter. También fue incautado un cuaderno con anotaciones sobre cómo hacer una bomba y provocar explosiones.

Scaglia remarcó que, al revisar el material, también aparecieron conversaciones con otras personas que, según indicó, alentaban al chico a cometer estos hechos para convertirse en una especie de “héroe”.

En esa línea, señaló que en una previsualización del teléfono se advirtieron logos compatibles con los hallados en el celular del joven involucrado en el caso de San Cristóbal, aunque aclaró que todavía no puede afirmarse que se trate exactamente de la misma comunidad. Esa conexión, insistió, deberá determinarse con una pericia más profunda.

Uno de los puntos que más inquietud genera es justamente ese: la existencia de grupos o comunidades virtuales donde se promueven este tipo de conductas violentas. La fiscal habló de una marcada radicalización y advirtió que muchos chicos ingresan a chats sin saber con quién interactúan realmente, en espacios integrados por personas de distintas edades, provincias e incluso países.

Sobre la situación del adolescente, la fiscal detalló que, al tener 13 años, está por debajo de la edad de imputabilidad. Por eso, el Ministerio Público solicitó su traslado para evaluación psiquiátrica en un centro especializado de Córdoba. Según indicó, el joven aceptó la internación y actualmente recibe un abordaje integral acompañado por su padre y otros familiares.

Más allá del expediente puntual, el caso volvió a exponer una preocupación que atraviesa a escuelas y familias de todo el país: cómo detectar a tiempo estas señales y qué hacer frente a comunidades digitales que alimentan fantasías violentas entre adolescentes.

La investigación sigue abierta y ahora busca establecer quiénes integraban esos grupos, qué grado de participación tenían y si había adultos involucrados.