Crisis en PAMI: “El dinero está, pero lo retienen”

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Prestadores denuncian meses sin cobrar, falta de autorizaciones y servicios que comienzan a suspenderse. Advierten que la crisis ya impacta de lleno en pacientes con discapacidad en todo el país.


La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad vinculada al PAMI suma un nuevo capítulo de tensión. Prestadores de servicios advierten que llevan meses sin cobrar y que la situación ya se traduce en recortes concretos: menos prestaciones, transporte suspendido y pacientes que quedan sin atención.


Efraín Lofredo, prestador del sector, describió un escenario límite: “llevamos desde noviembre sin poder cobrar las prestaciones”.


A esto se suma otro problema estructural: la falta de autorizaciones para nuevos pacientes y demoras en afiliaciones, lo que deja a personas con certificado de discapacidad sin acceso efectivo a tratamientos.



El impacto no es solo administrativo. Según explicó, el sistema de transporte —clave para garantizar la asistencia a centros de rehabilitación— está prácticamente paralizado:

“No se cobra desde julio o agosto y ya no se pueden sostener los costos”

En un contexto económico crítico, muchas familias no pueden afrontar traslados por cuenta propia, lo que profundiza la exclusión.


Además, desde el sector alertan por posibles cambios en el nomenclador, es decir, el esquema de precios que fija cuánto se paga por cada prestación. La preocupación es que se avance hacia valores diferenciados según la capacidad de pago de cada obra social. “Se generarían ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Lofredo, marcando el riesgo de una mayor desigualdad territorial.



El conflicto expone una tensión de fondo: el crecimiento sostenido de la demanda —producto del envejecimiento poblacional y el aumento de diagnósticos— frente a un sistema que no actualiza recursos ni financiamiento. El resultado es una ecuación que no cierra, especialmente en el interior del país, donde los prestadores dependen en mayor medida de estos ingresos.


Mientras tanto, el reclamo se traslada a la calle. Prestadores y pacientes convocan a una movilización para visibilizar la situación y exigir respuestas urgentes. El escenario abre interrogantes políticos y económicos: sin actualización de pagos y reglas claras, el sistema de discapacidad podría enfrentar un deterioro aún mayor, con consecuencias directas sobre uno de los sectores más vulnerables.

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