Traspaso de rutas nacionales: El Gobierno habilita peajes y delega gestión en provincias

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El Gobierno nacional oficializó un esquema que permite a nueve provincias gestionar rutas nacionales con peajes. Aunque mantiene la titularidad, Nación delega funciones clave y abre un debate sobre financiamiento, control y desigualdad territorial.


El Gobierno publicó el Decreto 253/2026 y estableció un nuevo marco para la gestión de rutas nacionales: provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrán operar, mantener y concesionar tramos mediante peajes, en un esquema que redefine el rol del Estado nacional en la infraestructura vial.



La normativa habilita a los distritos a licitar obras, administrar corredores y firmar contratos con empresas privadas, aunque con condiciones estrictas. La delegación será “temporal” —hasta 30 años—, “revocable” y sin transferencia de dominio: las rutas seguirán siendo nacionales. El control quedará en manos de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el Ministerio de Economía deberá aprobar cada convenio.


En paralelo, el decreto fija límites claros: los fondos del peaje solo podrán utilizarse en el tramo concesionado, sin posibilidad de redistribución. Además, las provincias tendrán apenas un año para licitar, o perderán la delegación. Es decir, más autonomía operativa, pero con plazos y controles que condicionan la ejecución.


El esquema abre una discusión de fondo sobre el federalismo real. Mientras algunas provincias celebran la posibilidad de intervenir rutas deterioradas —como ocurre en tramos críticos de la Ruta 22 en la Patagonia—, también crecen las críticas por lo que se interpreta como un corrimiento del Estado nacional en una función estratégica.



Intendentes y gobernadores advierten que el nuevo modelo puede profundizar desigualdades: las provincias con mayor capacidad económica podrán sostener obras y concesiones, mientras que otras dependerán del cobro de peajes o directamente quedarán rezagadas. La frase que resuena en varias jurisdicciones es clara: Nación mantiene la propiedad, pero transfiere el costo de gestión.


Otro punto clave es el impacto sobre la logística y las economías regionales. El avance de peajes en rutas productivas podría encarecer el transporte de cargas, especialmente en zonas agrícolas e industriales donde la conectividad es central para la competitividad.


En provincias como Córdoba o Santa Fe, donde las rutas nacionales son clave para la salida de producción, el nuevo esquema genera incertidumbre: ¿se traducirá en mejores caminos o en mayores costos para el sector privado?



El decreto también deja abierta la posibilidad de que otras provincias se sumen al esquema, lo que podría ampliar el alcance del modelo en los próximos meses. El escenario que se abre es de negociación constante entre Nación y los distritos.


El punto de fondo ya está planteado: si este esquema representa una modernización del sistema vial o un proceso de descentralización que traslada responsabilidades sin recursos suficientes. El impacto, como suele ocurrir, se medirá en el territorio.