Fraude en pensiones por invalidez: el gobierno envió un proyecto para endurecer controles

  • Telediario Digital
  • hace 2 horas
  • 2 Min. de lectura

El Poder Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca prevenir irregularidades en pensiones por invalidez. Incluye auditorías, reempadronamiento obligatorio y cambios en la compatibilidad con el empleo.


El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a reforzar los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez, en medio de cuestionamientos por el crecimiento del sistema en las últimas dos décadas. La iniciativa propone modificaciones a varias normas vigentes y establece nuevos mecanismos para prevenir, detectar y sancionar posibles fraudes.


Según el mensaje oficial, entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76 mil a aproximadamente 1,2 millones, un incremento que —según el Ejecutivo— despertó sospechas sobre la forma en que se otorgaron muchos de esos beneficios. A partir de auditorías y cruces de datos, se detectaron irregularidades como domicilios inexistentes o incumplimiento de requisitos médicos y socioeconómicos.


Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de auditorías periódicas y un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios. Quienes no cumplan con ese proceso podrían sufrir la suspensión automática de la prestación, con posibilidad de regularizar la situación dentro de un plazo determinado.


Además, se plantea que la pensión por invalidez sea incompatible con el trabajo formal, y se fija el monto del beneficio en el 70% del haber mínimo jubilatorio. También se prevé un sistema más riguroso de verificación, que incluirá cruces de información con organismos como ANSES y bases de datos fiscales.


Desde el Ejecutivo argumentan que el objetivo es garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar desvíos que afecten la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, remarcan que la correcta asignación de estas pensiones es clave para proteger a las personas con discapacidad que cumplen con los requisitos.


El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso, donde se anticipa una discusión de alto impacto social y político, en un contexto donde las políticas de discapacidad y el financiamiento del sistema vienen siendo foco de tensión en todo el país.